SANIDAD UNIVERSAL - COMPARTIMOS COMUNICADO DE PRENSA REDES

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NOTA DE PRENSA

De cara al Consejo Interterritorial de Salud que se celebra el 29 de julio

ONG y asociaciones profesionales sanitarias piden al Gobierno que aborde ya el retorno a la sanidad universal
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC, Sespas y Odusalud piden a las autoridades acuerdos urgentes para reformar la legislación

Madrid, 28 de julio de 2015.- Seis entidades de defensa de los derechos humanos y de profesionales de la sanidad se han dirigido al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para exigirle que incluya la cuestión de la asistencia sanitaria a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el orden del día del próximo Consejo Interterritorial de Salud, que se celebrará mañana 29 de julio en Madrid.

Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, SemFYC, Sespas y Odusalud solicitan a las autoridades centrales y autonómicas representadas en el Consejo que debatan y adopten acuerdos sobre la urgencia de poner en práctica las recomendaciones emitidas por más de una decena de mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas y el Consejo de Europa, que han instado al Gobierno español a asegurar el acceso a la atención sanitaria para todas las personas que viven en España.

Además, a la puerta del Ministerio, activistas de estas asociaciones entregarán botiquines -que contienen el listado de recomendaciones internacionales- al Ministro y a los y las representantes de las Consejerías de sanidad autonómicas participantes en la reunión.

Las últimas recomendaciones internacionales provienen del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, quien ha destacado que el Real Decreto Ley 16/2012 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las mujeres migrantes y que con él se ha perdido una oportunidad para identificar a las víctimas de violencia de género y a las víctimas de trata de personas y apoyar a las víctimas de violencia sexual. El Comité recomienda que se reforme el Real Decreto Ley para garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas.

  
En el mes de mayo, también el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de la discriminación de la mujer en la legislación y en la práctica instó al Gobierno a asegurar la cobertura sanitaria para todas las personas migrantes y calificó el Real Decreto Ley 16/2012 como una medida regresiva incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos. Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas también ha recomendado a España que las personas migrantes no sean discriminadas en el acceso a la atención de la salud.


Exigimos medidas definitivas, no parches

En las últimas semanas, dos autonomías -Comunidad Valenciana y Baleares- han anunciado la extensión de la tarjeta sanitaria a todas aquellas personas empadronadas en sus territorios. Se suman así a otras comunidades que han adoptado medidas para garantizar el acceso de personas migrantes a la atención sanitaria, como Asturias, Andalucía, o Euskadi y Navarra, que han llegado a garantizar por ley la universalidad de la atención sanitaria.

Las organizaciones firmantes consideran que el anuncio del Ministro del pasado mes de marzo en relación con el acceso a la atención primaria de las personas hasta ahora excluidas es un paso en la dirección correcta, pero también es solo una medida paliativa y, por tanto, insuficiente. Lo importante -consideran las entidades- es reformar la legislación que consagra esta exclusión sanitaria y blindar definitivamente el acceso a la salud como un derecho humano.

Mientras esto llega, es necesario recordar a los gobiernos autonómicos que también ostentan obligaciones internacionales en materia del derecho a la salud y que pueden y deben llegar al límite de sus competencias para asegurar que se restaure la universalidad de este derecho. Además, las autonomías gobernadas por aquellas fuerzas políticas que suscribieron públicamente su compromiso con la restitución de la cobertura sanitaria universal en España tienen ahora una oportunidad de oro para exigir al gobierno central cambios legislativos urgentes que permitan alcanzar este objetivo.

En este sentido, organizaciones como Médicos del Mundo y las integradas en el observatorio Odusalud se preguntan de qué forma las nuevas medidas que se pongan en marcha van a contemplar la restitución del daño causado hasta ahora por la exclusión sanitaria, en concreto con las facturas y compromisos de pago emitidos.

Las entidades firmantes de la carta al Ministro, que llevan denunciando el impacto de la reforma sanitaria desde su aprobación y documentando sus efectos con sus propios medios, han exigido reiteradamente al Gobierno que evalúe qué consecuencias ha tenido el RDL 16/2012 sobre el derecho a la salud de las personas afectadas.


INFORMACIÓN ADICIONAL


CONTACTOS DE PRENSA:
AMNISTÍA INTERNACIONAL: Carmen López, 91 3101277 / 630746802 clopez@es.amnesty.org 
MÉDICOS DEL MUNDO: Laura Cabezas Fernández, 629214755 laura.cabezas@medicosdelmundo.org
RED ACOGE: Manuel Sobrino, 91 5633779 comunicacion@redacoge.org

Presentación de la memoria del Foro debate político "Mujeres migrantes, visibles y con derechos"

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Desde la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España tenemos el agrado y la alegría de poder presentaros la memoria de nuestro Foro debate político "Mujeres migrantes, visibles y con derechos", celebrado el 24 de marzo de 2015, en el Auditórium de la SEGIB.

Agradecemos a todos y a todas las participantes, valoramos el ambiente de diálogo que se generó con diversos actores claves sobre el acceso y ejercicio de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de las mujeres migrantes.

Seguiremos construyendo y trabajando para ser sujetas políticas, visibles, ciudadanas y con derechos.

Nuevas formas modernas de esclavitud: ¡No estamos todas, faltan las internas!

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Unas mujeres se manifiestan el 30 de Marzo, Día Internacional por los derechos de las trabajadoras domésticas. Imagen: Red de Mujeres América Latina y el Caribe en España.
Autora: Ana Carolina Elías Espinoza
El título que da nombre a esta entrada es una de nuestras frases reivindicativas para visibilizar la privación de libertad en la que vivimos miles de mujeres trabajadoras del hogar familiar en régimen de internas.

Cada vez son más las contrataciones de mujeres migrantes para el cuidado de personas mayores a las que sus familias no pueden atender; lo más lamentable de esto son las condiciones de precariedad laboral que tenemos que soportar, tales como salarios que no se corresponden con las largas y extenuantes jornadas de trabajo, el incumplimiento reiterado de lo pactado en el contrato de trabajo, la negativa de los empleadores a efectuar el pago de las cuotas de la Seguridad Social, la no concesión de permisos para acudir a una cita médica o para atender emergencias familiares, etcétera. La lista de situaciones se vuelve interminable llegando, en algunos casos, a constituir formas modernas de esclavitud, sobre todo cuando amenazan a las trabajadoras extranjeras indocumentadas con denunciarlas ante la policía para su “encarcelamiento” en un CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros) para su posterior expulsión de España sino acepta las, a veces inhumanas, condiciones de trabajo.

Vivir en el mismo lugar de trabajo no es un "chollo" como muchos piensan, porque nos obliga a estar disponible para nuestros jefes y sus familias las 24 horas del día, y esto se vuelve algo rutinario en el caso del cuidado de personas con enfermedades físicas o mentales que requieren a toda hora un tipo de atención especial, ya sea el suministro de medicamentos o el simple cambio de pañales. El desgaste físico, mental y emocionalque vivimos por este trabajo muy rara vez es recompensado económicamente y en muchas ocasiones, ni un simple agradecimiento por dedicar nuestras vidas al cuidado de sus seres queridos.

Para colmo, la sociedad nos margina y discrimina sólo por realizar tareas que si no se realizaran, no podría garantizarse la sostenibilidad de la vida misma.

Estamos convencidas de la importancia de nuestro trabajo, por eso lo único que queremos es la igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras de España. No pedimos medallas al mérito, aunque las merecemos. Sólo queremos tener derecho a la prestación por desempleo, al fondo de garantía salarial, el poder ejercer plenamente el derecho a la sindicalización y a un convenio colectivo, facilitar la inspección de trabajo para que el Estado pueda supervisar de manera eficaz nuestras condiciones de trabajo.

Para avanzar hacia todo ello, se podría comenzar por la ratificación de España al Convenio 189 OIT, recomendada por el mismo director de la oficina de la OIT en nuestro país, y quien hace casi un año lo hizo ante el Congreso de los Diputados.  A la fecha, este convenio ha sido ratificado por 17 países, entre ellos solo cinco europeos, Alemania, Italia, Irlanda, Finlandia y Suiza.

Estamos cansadas de ser la chacha, la sirvienta, la esclava; también somos personas con necesidades, con familias, con sentimientos; y merecemos ser tratadas con dignidad.

¡Es cuestión de justicia: igualdad de derechos para las trabajadoras domesticas!

ANA CAROLINA ELÍAS ESPINOZA es Presidenta de Servicio Doméstico Activo, SEDOAC y miembra de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España.